“En este escenario, podemos afirmar, que la protección de niños, niñas y adolescentes no está garantizada ¿Alguna vez lo estuvo? Peor aún, la protección de las instituciones pareciera estar reservada para ciertos grupos de niños que respondiendo al imaginario de la vulnerabilidad pueden ser tomados como objetos de la contención y la protección”, escribe Camilo Morales Retamal.
Por Camilo Morales
A 30 años de suscribirse la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez, compromiso histórico en materia de derechos humanos que reconoce a niños, niñas y adolescentes como sujetos y ciudadanos- el escenario de nuestro país muestra un horizonte doloroso e incierto. La violencia contra niños y jóvenes por parte de agentes del Estado desnuda, una vez más, el rostro indolente de las instituciones. De su accionar se desprende una posición que opta por negar y justificar los efectos de la violencia que ellas mismas producen, en lugar de reconocer cómo sus acciones afectan significativamente la trayectoria de vida de los sujetos y su entorno.
Pudiendo evitar los daños, derivados de las experiencias traumáticas de las vulneraciones directas, de la impunidad e injusticia a las que han sido expuestos niños y jóvenes, la negación de la violencia se configura como una estrategia que intenta sofocar el malestar de un grupo históricamente invisibilizado por parte de las instituciones y la sociedad. En este contexto, que vuelve opaca la dignidad del otro, se generan las condiciones para que las vulneraciones de derechos puedan ser justificadas o minimizadas. En último término se configura una asimetría que permite el descuido, el abuso y la violencia sobre el otro como una respuesta legítima por parte de la institucionalidad a cargo.
El discurso que, hasta hace unos meses, ubicaba a la infancia en un lugar prioritario dentro de la esfera de la política pública derivó finalmente en un espejismo, un engaño, que puso a los niños primero, pero como receptores de la violencia del discurso institucional a través de la descalificación de sus formas de manifestación. Sí, en la primera línea, pero para contener el accionar de la fuerza desmedida de la policía, que sin miramiento de sus procedimientos y protocolos ha marcado y mutilado cuerpos de ciudadanos y ciudadanas. Primeros en la fila para el despliegue de una serie de iniciativas legales, que en materia de derechos fundamentales son un franco retroceso y una vulneración de los principios que la propia Convención establece como esenciales para reconocer la dignidad de niños y jóvenes.
En este escenario, podemos afirmar, que la protección de niños, niñas y adolescentes no está garantizada ¿Alguna vez lo estuvo? Peor aún, la protección de las instituciones pareciera estar reservada para ciertos grupos de niños que respondiendo al imaginario de la vulnerabilidad pueden ser tomados como objetos de la contención y la protección. Elementos que en un escenario de crisis son, sin lugar a duda, prioritarios y relevantes para hacer frente a la afectación que producen la incertidumbre, la pérdida de las rutinas y la violencia, pero que no pueden ser la única respuesta institucional o social dado que las experiencias y reacciones de los niños y niñas son diversas en un contexto de gran fragilidad pero que ha visibilizado de forma inédita la necesidad de generar espacios de encuentro, diálogo y participación.
Desde ese punto de vista, no es aceptable que aquellos niños y jóvenes que tensionan el discurso hegemónico que impone el orden institucional y que algunos discursos expertos justifican, abstrayéndose del contexto y de la historia social, terminen siendo excluidos, estigmatizados o, en el peor de los casos, siendo objetos de una violencia que se ejerce al borde del ensañamiento como se ha visto, no sólo en las últimas semanas, sino en los últimos años, particularmente, contra niños y niñas indígenas.
En medio de la crisis social y política, debemos prestar atención a los discursos políticos, sociales e institucionales que revelan diversas ideologías sobre la niñez: vulnerables, frágiles, delincuentes, ignorantes o participativos, representan formas de nombrar experiencias múltiples de infancias y juventudes. Muchas de ellas subestimadas y descalificadas por el discurso hegemónico, pero que no hacen más que alimentar el deseo de hacerse escuchar desafiando los límites que impone el poder.
La conmemoración del hito político y jurídico que representa la Convención de los Derechos de la Niñez no puede omitir la necesidad de reflexionar sobre el lugar y el papel que juegan los niños y jóvenes en medio del estallido social, pero también nos debe llevar a revisar con detención la trayectoria de 30 años de políticas públicas que se han diseñado e implementado sin una coherencia que permita configurar un sistema que ponga en el centro a los niños, reconociendo y respetando sus vínculos, comunidades de pertenencia e historia.
Ha sido precisamente el avasallamiento de las experiencias íntimas lo que desencadena la fractura de los lazos de confianza con las instituciones y la sociedad. La crisis del sistema de protección de la infancia fue la antesala para la indignación. Todos estos años, ante nuestros ojos se vulneraron sistemáticamente los derechos de niños y niñas bajo la protección del Estado sin modificar las prácticas y las bases de un sistema que hasta el día de hoy se sigue resistiendo a los cambios.
No se puede permitir un día más la ausencia de un sistema de protección de la niñez que encarne y lleve a la práctica los principios y derechos expresados en la Convención.
En el horizonte de los discursos que apelan a recomponer los lazos sociales emerge una nueva Constitución como condición de posibilidad para un reconocimiento formal de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. Posibilidad que encarna el gesto simbólico de inscribir y dar lugar a un nuevo pacto social entre el Estado y las infancias. No obstante, la legitimidad de ese reconocimiento debe contemplar el papel que niños, niñas y adolescente tendrán en el marco del proceso constituyente, a través de mecanismos concretos de participación.
De aprobarse el derecho a sufragar ¿será suficiente para que los adolescentes se sientan realmente parte del proceso constituyente? Hoy la participación de niños, niñas y adolescentes tiene que ser repensada considerando los efectos de una crisis que cuestiona las lógicas tradicionales del poder institucional y, a su vez, desafía de forma inédita los límites y los imaginarios sobre la participación infantil y juvenil.
A 30 años de la Convención de los Derechos de la Niñez, los niños, niñas y adolescentes nos recuerdan, que aún en medio de la injusticia y la violencia, es posible encontrarse, escuchar y actuar. Sólo a través de un reconocimiento del rol de las infancias y juventudes durante el hito histórico que representa el estallido social será viable tejer nuevos lazos y contar otras historias.
Publicado en The Clinic